Coloquialmente, se suele decir que la historia es escrita por los ganadores, refiriéndose a que aquellos que conservan el poder son los que tienen acceso a decidir qué partes de la historia se omiten, se modifican o se inventan; creando así héroes a conveniencia de la imagen que quiera crear el triunfador acerca de su victoria.
Al hablar de movimientos sociales en México, es prácticamente imposible no encontrar una especie de rivalidad mediática e informativa entre activistas y autoridades, conflicto que se puede traducir en censura sobre lo que manifiestan los inconformes, manipulación de los hechos y principalmente, la imposición de la versión oficial por encima de las fuentes primarias en un afán de deslegitimar la lucha de estos grupos.
A continuación, se hará una comparativa entre lo que el gobierno declara (en caso de haber una postura por parte de las autoridades) acerca de las injusticias sociales y los hechos que han despertado movimientos de protesta contra lo que las víctimas, testigos y activistas dicen que experimentaron.
Hablemos principalmente de una de los casos más sonados en la última década, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, un crimen de estado sucedido en 2014 cuya información oficial se mantuvo como confidencial hasta el 2022, cuando se publicó la versión oficial de los hechos, en la que se hace un recuento de los hechos minuto a minuto.
En el informe oficial de los hechos se habla de la “verdad histórica” que fue la versión que manejaba el Gobierno de Enrique Peña Nieto con respecto a lo sucedido. En esta, se señala lo sucedido como un acontecimiento aislado del que el ejército y cualquier otro poder público es omitido no solo como responsable intelectual de la tragedia sino también como partícipe.
El Gobierno declaró por 8 años que fue un hecho orquestado por el grupo de Sicarios Guerreros Unidos, atribuyéndole toda la responsabilidad al crimen organizado. El reporte criminaliza a los estudiantes desaparecidos, culpándoles de “Boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del DIF” razón por la que fueron “detenidos por la Policía de Iguala” y “llevados a la Comandancia de Iguala” donde “fueron sustraídos [...] y entregados a miembros de Guerreros Unidos” y posteriormente fueron incinerados en el basurero de Cocula “por tratarse de supuestos integrantes del grupo contrario llamado ‘Los Rojos’”.
De igual manera, se compara esta versión con la revelada por el actual gobierno de Andres Manuel López Obrador en la que se detallan la lista de nombres de los responsables, sin especificar a qué organización pertenecen. Finalmente se llega a la conclusión de que, en efecto y como se había señalado siempre por fuentes no oficiales, este hecho se trató de un crimen de estado, que se trató de adjudicar a la delincuencia organizada en ánimos de mantener la impunidad de los verdaderos responsables, que son el ejército, la policía de Iguala y Huitzilzingo, y el gobierno.
Por el otro lado y como se menciona en el escrito de de Armando García “43 de Ayotzinapa” que se encuentra en este mismo reportaje, diversas fuentes anteriormente, habían declarado que los hechos pudieron ser dirigidos por el político José Luis Abarca, quien fue sentenciado en 2015 a 62 años de prisión por el delito de secuestro y homicidio.
“La violencia contra los estudiantes de Ayotzinapa ha sido descrita por muchos como un ´ejemplo de brutalidad policial´. Los estudiantes han sido torturados, asesinados y, en el caso de Julio César Mondragón, desollados vivo. Estos actos de violencia se han cometido en un contexto de impunidad, ya que las autoridades mexicanas han fallado en investigar y llevar a los responsables ante la justicia”
Realmente este es un ejemplo de cómo la verdad histórica oficial, es generalmente modificada a conveniencia política. El caso de los 43 de Ayotzinapa un crimen de estado que en esencia es similar a lo sucedido con los estudiantes asesinados el 2 de octubre de 1968, una matanza dirigida por el estado y que cínicamente fue censurada y escondida por el gobierno responsable, en afán de mantener una imagen limpia y “respetable del gobierno”.
Esta práctica de limpiar la historia, eliminando las culpas de la autoridad, ha sido la favorita de los gobiernos mexicanos históricamente. Una práctica que no solo es injusta con las víctimas, sino que también invisibiliza y minimiza el sufrimiento de las víctimas, y genera un círculo vicioso de impunidad y de abusos brutales.
Finalmente, no es sino una realidad frustrante para toda la población mexicana, desesperanzadora y desgastante. Como país no nos queda más que exigir justicia por todo lo que se vive día a día en este país, pero, ¿cómo reclamar algo que no existe oficialmente? La autoridad realmente no es la fuente confiable de información que debería de ser. Esta división es realmente el verdadero problema de tener versiones oficiales que no son fidedignas, la pérdida de la confianza en la solución y justicia, porque todo está rodeado de mentiras e información manipulada
Esta es la historia que se repite y se ha repetido por años en el país. El mexicano no es ajeno a la frase “Fue el estado” y mientras la justicia siga siendo silenciada por quien está en el poder, este seguirá siendo el centro de las problemáticas sociales en México.
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